— El líder opositor Juan Guaidó anunció el domingo que un grupo de legisladores de la oposición fue suspendido por acusaciones de que formaban parte de una supuesta compra de votos para socavar la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, y por abogar a favor de empresarios vinculados con el gobierno de Venezuela que presuntamente lavaron dinero.
AP / Reuters
Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional que en enero se declaró presidente encargado del país en desafío al mandatario Nicolás Maduro, indicó que antes de la publicación de reportes de prensa sobre el caso ya tenía información acerca de una serie de irregularidades, incluido un proceso de “amenazas y extorsión” para la compra de votos para el 5 de enero, cuando al abrir el nuevo año legislativo los congresistas ratifican o escogen al presidente y a los dos vicepresidentes del Congreso unicameral.
Guaidó acusó al oficialismo de, a través de empresarios que supuestamente se han enriquecido a la sombra del gobierno de Maduro, corromper a algunos diputados para “impedir mi ratificación como presidente del Parlamento” y en consecuencia también como presidente encargado de Venezuela.
El escándalo ocurre en una época en la que Guaidó busca revitalizar la campaña para obligar al mandatario socialista a renunciar.
En los últimos meses el líder opositor ha visto disminuir el número de personas que responden a su exhortación para salir a protestar, y cada vez son más los que dudan de su capacidad y la de sus aliados para reanimar la esperanza de que es posible poner fin al mandato de Maduro.
Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la UE, reconocen el mandato de Guaidó, argumentando que Maduro fue reelegido en unos comicios fraudulentos en mayo de 2018 que no contaron con la presencia de grandes partidos opositores y en los que algunos aspirantes a la presidencia fueron inhabilitados para postularse.
Varios legisladores allegados a la alianza opositora también han sido acusados de mediar a favor de empresarios vinculados con funcionarios civiles y militares del gobierno de Maduro, los cuales son señalados de enriquecerse desviando dinero destinado a importar alimentos para uno de los programas sociales insignia del gobierno.
Entre las medidas tomadas para enfrentar la situación, Guaidó decretó “la invalidez de todos los documentos presentados por la investigación, o expedidos por la Asamblea Nacional que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción”.
Según la denuncia, algunos legisladores mediaron a favor de empresarios vinculados con el gobierno como el colombiano Álex Saab, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en julio por presuntamente formar parte de una sofisticada red que se apropió de cientos de millones de dólares en contratos para importar alimentos mientras el hambre azota a muchos venezolanos.
En ese sentido, el jefe de la Asamblea insistió que ninguno de sus colaboradores o diputados está autorizado para expedir documentos o avales de “buena conducta”, o “con fines relacionados sobre empresas o ciudadanos para determinar responsabilidades”.
Saab, un empresario desconocido en Colombia hasta que fue objeto de las sanciones de Washington, por años ha estado en el radar de las autoridades estadounidenses por acumular un ingente número de contratos con el gobierno de Maduro. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusó a Saab de usar una red de empresas fantasmas en tres continentes para ocultar las ganancias exorbitantes obtenidas a través de contratos por alimentos y oro adjudicados sin licitación.
Guaidó anunció la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría del Legislativo y abrió “una investigación independiente y exhaustiva”, la cual contaría con la supervisión de organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, medios de comunicación y periodistas independientes.
El partido opositor Primero Justicia _al que pertenecen el excandidato presidencial Henrique Capriles y Julio Borges, designado por Guaidó como comisionado presidencial para Asuntos Exteriores_, previamente destituyó a los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito. Además, pidió que sean presentados ante la justicia, incluso en “tribunales e instituciones internacionales”.
Entre los legisladores acusados de abogar ante las autoridades estadounidenses a favor de empresarios vinculados con el lavado de dinero figura Freddy Superlano, que milita en el Partido Voluntad, del cual son miembros Guaidó y su mentor Leopoldo López.
Superlano, que fue removido por su partido junto a otros dos diputados, anunció la víspera que se separaba de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para facilitar las investigaciones en su contra.
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Oposición venezolana investigará a diputados por presuntas irregularidades
Por Brian Ellsworth y Vivian Sequera / Reuters La oposición venezolana dijo el domingo que investigará presuntas irregularidades en sus filas luego de que un medio de comunicación acusara a un grupo de sus diputados de hacer gestiones informales para favorecer a un empresario vinculado al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Imagen de archivo del líder opositor venezolano Juan Gaidó durante manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en El líder de la oposición, Juan Guaidó, dijo el domingo que se profundizará la investigación, tras precisar que se ha señalado a “individualidades” y no a todo el Congreso. El portal web de Armando.info publicó una historia sobre la presunta vinculación de unos legisladores de los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular. El escándalo, que involucra a unos 9 diputados, se conoce en momentos que el esfuerzo de la oposición para lograr la salida de Maduro está perdiendo fuerza y Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 50 países como líder legítimo de Venezuela, busca motivar una nueva ola de protestas callejeras. “(Es) inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela”, dijo a periodistas Guaidó, quien en enero invocó la Constitución para asumir una presidencia interina después de declarar que la reelección de Maduro fue un fraude. “No hay aquí, cómo, en este momento, tratar de ensuciar a todo el parlamento”, añadió Guaidó, tras acusar al gobierno de utilizar sus redes de extorsión y de corrupción. El también presidente de la Asamblea Nacional agregó que “sospecha” que posiblemente hubo dinero de por medio, respondiendo a una pregunta, si los diputados recibieron un pago ilícito por emitir las cartas. “No permitiré que la corrupción ponga en riesgo todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad”, escribió más temprano en un tuit. Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la oposición de “mercaderes de la política” al reaccionar a la denuncia. “Me gusta cuando ventea porque la plaga se va, en ese pleito de la corrupción en la dirigencia opositora no hay hueso sano”, escribió en un tuit, el también primer vicepresidente del partido socialista. Armando.info publicó el domingo que los legisladores emitieron “cartas de buena conducta” al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Fiscalía de Colombia a favor de Carlos Lizcano, un ciudadano colombiano, a pesar de las evidencias de vinculación con Alex Saab, también natural de ese país, sancionado por Estados Unidos por corrupción por un programa de distribución de alimentos de Maduro. El Departamento del Tesoro y la Fiscalía de Colombia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Reuters no pudo conocer si la Fiscalía de Venezuela, vista por críticos como oficialista, inició una investigación. El partido Primero Justicia dijo en un comunicado que estaba investigando a tres de sus legisladores señalados en la publicación y que los removerá de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Mientras que Voluntad Popular, el partido de Guaidó, dijo en un comunicado que había suspendido a tres legisladores mencionados en el caso. “Existe un laboratorio de guerra sucia montado contra nosotros y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano”, tuiteó el diputado Luis Parra, quien fue puesto bajo investigación por su partido Primero Justicia. Reuters no pudo conocer inmediatamente las acusaciones contra los legisladores, ni pudo obtener comentarios de inmediato de Saab o Lizcano. Muchas familias venezolanas dependen del programa de alimentos subsidiados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para cubrir sus necesidades básicas en la nación sudamericana que sufre una prolongada hiperinflación. Pero el plan de alimentos ha enfrentando acusaciones por parte de la oposición de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos de ser parte de una trama de corrupción. Maduro acusa a Estados Unidos de intentar destruir el programa que el gobierno afirma ayuda a unos seis millones de familias.
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