Deportados y a quienes se les ordenó desocupar sacan sus pertenencias de Venezuela hacia Colombia a través del río Táchira. Contrabandistas de gasolina se deshacen del combustible en pocetas, lavamanos y cualquier drenaje en el municipio Ureña, lo que convierte el área en una bomba de tiempo

Eleonora Delgado / El Nacional

Ver También:

Hasta Bs. 4.000 pagan para cruzar la frontera “cargado en hombros”

Reportan desde San Antonio: “Está cerrada la frontera, pero no tenemos alimentos”

“Mi amiga se escondió en una nevera para que no la deportaran”

Video: Así demolieron la casa de un colombiano en Táchira

Luis Vicente León: "Mete presos 100 bachaqueros y mañana habrá mil si los estímulos siguen ahí"

Conoce las seis garantías constitucionales suspendidas durante el Estado de Excepción

http://notitweet-sucesos.blogspot.com/2015/08/revelan-imagenes-del-burdel-en-la.html

Más de 500 familias en el área conocida como La Invasión, donde se ejecuta la Operación de Liberación del Pueblo, tienen plazo de 72 horas para desalojar sus casas.

La semana pasada autoridades dividieron el asentamiento en 6 áreas y estas en 62 subáreas, que fueron inspeccionadas para tratar de hallar a los responsables del atentado en el que resultaron heridos los tenientes Daniel Santaella y Alexis Rodríguez Arias y el cabo primero Miguel Núñez Martínez, todos del componente Ejército.

Las casas continuaron marcándolas con las letras R (revisado) y D (demoler). Se conoció que luego de la desocupación y cumplido el lapso concedido, el área donde están las viviendas será desmantelada para evitar una reocupación.

Recuperación de pertenencias. Personas que desalojan el área y quienes fueron deportados de La Invasión regresan por una trocha que da al río Táchira para buscar sus cosas con permiso de las autoridades venezolanas.

Colchones, muebles, sillas, maletas y hasta vacíos de refrescos y cerveza se los echaron al hombro y, con ayuda de agentes de la Policía Nacional de Colombia, para evitar que la corriente se los llevara, cruzan el río que sirve de límite entre los dos países hasta el sector La Parada.

Hasta 10.000. Medios de comunicación colombianos informaron que desde Puerto Santander (en el país vecino), las personas son pasadas en canoas hasta Boca de Grita (Venezuela), otro sector donde está cerrado el paso, sin necesidad de atravesar Puente Unión. El pago alcanza los 2.000 pesos colombianos, aproximadamente 10.000 bolívares al cambio de la moneda nacional en la frontera.

Bomba de tiempo.

El alcalde del municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, señaló que quienes tienen almacenado combustible de manera indebida se están deshaciendo del hidrocarburo a través de drenajes en sus viviendas. Las autoridades han indicado que la Operación Liberación del Pueblo se ejecutará en esa localidad en las próximas horas.

“Estamos exhortamos a todos los que negocian con gasolina que no se han podido llevar a Colombia a que, por favor, desistan de tirarla en cañerías porque están convirtiendo esto en una bomba de tiempo. Los gases acumulados pueden hacer una explosión”, advirtió García, quien indicó que ya ocurrió un estallido en el barrio La Esperanza a causa de esa situación.

Nos sacaron como perros

Cuando aún dormía en su humilde vivienda, mitad cemento y mitad latas de zinc, en el barrio Mi Pequeña Barinas, en el municipio San Antonio, la colombiana Gladys Navarro, su esposo y sus tres hijos fueron sorprendidos por las patadas que miembros de la GNB, armados con fusiles, les daban a la puerta y muebles.

Navarro, que estaba en pijama, vivía en ese barrio desde hace 10 años, pero eso no les importó y la sacaron a empujones. Ni sus tres pequeños hijos se salvaron del supuesto “censo” que los uniformados dijeron que iban a realizar y que se convirtió en lo que los colombianos deportados han denominado “un plan de limpieza”.

Yormari Castaño, residente del barrio Ezequiel Zamora, dice que la llevaron a un parque con sus dos pequeñas sobrinas. Allí, decenas de colombianos no entendían lo que ocurría. La zozobra fue peor cuando los hombres de la Guardia empezaron a marcar con una “R” o una “D” las casas en las que llevaban varios años viviendo. Horas después se dieron cuenta de que las primeras habían sido “revisadas” y las segundas serían “demolidas”.

“Había niños y eso no les importó, nos sacaron como perros”, dijo Yormari Castaño, quien contó que a su casa le pusieron la “D”.

Colombia pide evitar beneficios electorales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que destaca que a través de una mesa humanitaria unificada se monitorea la situación que se registra en la frontera y lo que sucede con ciudadanos de esa nación.

“La prioridad del gobierno es garantizar los derechos de los connacionales deportados, brindándoles asistencia en temas de salud, alojamiento temporal, seguridad y convivencia; soporte jurídico, reunificación de padres con sus hijos menores de edad, y retorno a sus lugares de origen, así como avanzar a través de los canales diplomáticos, en el diálogo con el vecino país”, dice.

Añade: “Hacemos un llamado a la dirigencia política de ambas naciones para que no caigan en la tentación facilista de utilizar la compleja situación que vivimos para pescar en río revuelto con el fin de obtener beneficios electorales cuando nos acercamos a procesos de elecciones en Colombia y Venezuela. Los adjetivos y las descalificaciones personales en contra del ex presidente Álvaro Uribe deben ser rechazados. La actitud de violencia verbal afecta severamente a las poblaciones del Táchira y Norte de Santander, que son las primeras afectadas por la situación generada”.