El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidirá en los próximos días si da un paso que ninguno de sus predecesores se atrevió a dar: someter a examen de los 34 países miembros el estado de la democracia en una nación sin la solicitud o aprobación de su Gobierno.
Para invocar la Carta, Almagro debe recurrir al artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
El Consejo, donde cada embajador tiene un voto, decidirá si existe esa "alteración" por mayoría (18), una consideración que es puramente política, según explicó a la prensa recientemente uno de los redactores de la Carta, el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.
Si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".
De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.
En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado en la organización si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático", de nuevo una consideración política.
"La aplicación de la Carta Democrática es, en definitiva, una decisión de tipo político. Ese debate ya no es jurídico, está sujeto a una 'apreciación colectiva' de los Estados, es decir, es una decisión política", precisó Arrighi.
No obstante, la Carta establece (artículos 3-6) los "elementos esenciales" de la democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos.
Hasta ahora se ha recurrido a la Carta en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofrecieron ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).
El Gobierno venezolano ha rechazado rotundamente que Almagro active la Carta por considerar que no existe ninguna "alteración del orden democrático" que lo justifique y porque ven al secretario, en palabras de Maduro, como "un agente de la CIA que conspira con EE.UU. para una intervención en el país".
Si Almagro da el paso, será la primera vez que se produzca este choque entre la organización y el Gobierno de un Estado miembro en los 15 años de historia de la Carta, un instrumento del que los 34 países de la OEA se dotaron por unanimidad en 2001.
"Es útil recordar que la Carta fue aprobada en Lima (Perú) después del Gobierno autocrático de Alberto Fujimori en la década de los 90. La idea era hacer la Carta relevante en situaciones como la de Perú, donde el problema no era una amenaza al Estado, sino un régimen que violó el orden constitucional y minó las normas democráticas", dijo a Efe Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano.
La decisión de Almagro se conocerá con toda probabilidad a finales de este mes o principios del siguiente, días antes de que los cancilleres americanos se reúnan en la Asamblea General ordinaria anual, que este año se celebra en Santo Domingo (República Dominicana) entre el 13 y el 15 de junio.
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