La convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral de elecciones presidenciales para el 22 de abril, después del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana, hace que la oposición se enfrente de nuevo a la discusión sobre si participar o no en un proceso comicial. Esa discusión tiene muchas aristas, una de las cuales es la evaluación de la probabilidad de vencer en una contienda electoral contra el gobierno, aún dados los claros sesgos a favor del oficialismo en las condiciones electorales. Para llevar a cabo ese diagnóstico y tomar una decisión informada, es indispensable comprender qué fue lo que llevó al oficialismo a prevalecer en las contiendas regionales del 2017 y cómo se puede esperar que esos factores influyan en el resultado de una elección presidencial.
Ciertamente, el desempeño electoral del chavismo en las elecciones regionales fue mucho mejor al esperado en base a los sondeos de opinión. Dado que esas elecciones ocurrieron en el marco de la mayor crisis económica de nuestra historia y que las encuestas mostraban índices de rechazo muy fuertes a la gestión de Nicolás Maduro; lo normal habría sido esperar sólidas derrotas del oficialismo. ¿Cómo entonces entender estos resultados electorales? ¿Son prueba de que el chavismo aún cuenta con un apoyo genuino entre los votantes, o son simplemente resultado de la manipulación del sistema electoral? ¿Es el dominio del chavismo sobre las instituciones tan fuerte que hace imposible derrotarlo sin cambios en las condiciones electorales?
Una posible respuesta a esta interrogante es que los resultados fueron consecuencia del fraude electoral. Efectivamente, el ejemplo del estado Bolívar muestra evidencia de alteración de actas. Sin embargo, no pareciera que lo mismo haya ocurrido en otras jurisdicciones en las cuales no han sido denunciadas inconsistencias de ese tipo. Claro está que, en un sentido más amplio, se puede argumentar que los sesgos a favor del oficialismo en las condiciones electorales hacen que el sistema electoral sea incapaz de garantizar elecciones libres y justas.
Al mismo tiempo, otra línea de argumentación se ha centrado más bien en entender la decisión de los votantes a participar en las elecciones del año pasado. En su análisis del 15-O, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez argumentaron que tanto la apatía entre opositores y la alta capacidad de movilización de oficialistas contribuyeron a explicar gran parte del resultado del 15-O. Un estudio más detallado de Michael Penfold ha resaltado la capacidad del chavismo de movilizar votos a través del condicionamiento de los beneficios económicos a la participación electoral.
Abstención, movilización e incentivos electorales
Aun si la abstención opositora es la variable más importante para explicar los resultados electorales, la alta participación oficialista no deja de ser un fenómeno enigmático. Los votos obtenidos por el chavismo representan alrededor de un 30 por ciento del padrón electoral, sugiriendo una capacidad de movilización casi perfecta del sector de la población que, de acuerdo con las encuestas, se sigue identificando con el gobierno. Cómo es que el chavismo ha sido capaz de activar a sus votantes es una pregunta clave para cualquier intento de comprender la dinámica electoral venezolana.
Lamentablemente, mucho de lo que creemos saber sobre la capacidad de movilización del chavismo está basado en testimonios y anécdotas no necesariamente representativas y posiblemente sesgadas. Para tratar de aproximarnos a un conocimiento más sistemático de este fenómeno, Torino Capital comisionó un estudio de campo a la empresa de investigación Innovarium durante las elecciones de alcaldes del pasado 10 de diciembre. La muestra del estudio cubrió 142 centros de votación en 14 estados seleccionados para cubrir áreas rurales y urbanas, así como diferentes estratos socioeconómicos. Se solicitó a los recolectores de datos que observaran continuamente el centro de votación y las áreas contiguas para evaluar la presencia o ausencia de eventos tales como la distribución de alimentos y otros beneficios a los votantes.
La data recolectada muestra que, aunque el gobierno sí aumentó significativamente el otorgamiento de beneficios, como las bolsas de comida y el llamado bono navideño antes y durante la elección, esta no fue la principal táctica para la movilización de votos. Por el contrario, la principal estrategia de movilización parece haber sido el requisito de registrar la asistencia en los puntos de movilización oficialistas usando el Carnet de la Patria.
Los puntos tricolor y los incentivos selectivos al voto
Nuestro estudio sugiere que en la campaña del gobierno hubo un amplio uso de estrategias clientelares que incluyeron el uso de entrega de beneficios sociales tanto antes como durante el día de la elección. Lamentablemente, estas estrategias distan de ser nuevas tanto en nuestro país como en el resto de la región. La legislación venezolana explícitamente prohíbe la compra de votos, aunque establecer la relación directa entre la entrega de beneficios y el voto es complicado [1].
En una tradición establecida a lo largo de los últimos años, los seguidores tanto del gobierno como de la oposición instalaron puestos de seguimiento del proceso electoral cerca de las inmediaciones de los centros de votación. La ley permite el funcionamiento de estos centros, aunque obliga a que se encuentren fuera de un radio de 200 metros del centro. En nuestra muestra hallamos un incumplimiento generalizado de esta norma, aunque con mucha mayor intensidad por parte del oficialismo: 87,4% de los centros contó con un punto tricolor (oficialistas) dentro del radio de 200 metros, mientras que en sólo 29,6% operó una estructura de la oposición equivalente (punto azul) en el mismo radio.
Sin embargo, hubo una diferencia fundamental entre las funciones de ambos. En los puntos opositores la actividad predominante fue la orientación al voto, que se llevó a cabo en el 100% de los puntos; el activismo político se observó en 59,5% de los puntos prooposición. Por su parte, la labor principal de los puntos progobierno fue el registro de votantes. Esto se observó en 74,4% de los puntos.
Al mismo tiempo, un elevado número de puntos tricolor llevaron a cabo actividades relacionadas con la entrega de beneficios en especie o monetarios. Hallamos que en 24,8% de los puntos tricolor se realizó distribución de alimentos, en 20,8% se retuvo el Carnet de la Patria mientras la persona iba a votar, y en el 12,8% se tenía la capacidad de renovar o emitir el Carnet de la Patria —esto último a pesar de que el período de renovaciones había finalizado una semana antes de las elecciones—. Aunque la realización de actividades gubernamentales y entregas de beneficios sociales no fue la función principal de los puntos tricolor, se observó que en muchos de ellos fue una función secundaria importante.
El hecho de que en los puntos tricolor se lleven a cabo actividades propias de gobierno, tal como la renovación del Carnet de la Patria, es un ejemplo de lo diluida que se encuentra en Venezuela la distinción entre el Estado y el partido de gobierno. Dicho eso, hubo muchos casos en los que se respetaba alguna separación simbólica: la distribución de bolsas de alimentos y otros beneficios era llevada a cabo por funcionarios del gobierno o trabajadores del partido en un lugar separado del punto tricolor. En 35,2% de los centros de votación se detectó algún tipo de actividad gubernamental en lugares cercanos, pero separados de los puntos oficialistas. De estas, la actividad más frecuente fue la emisión del Carnet de la Patria, que se llevó a cabo en las cercanías del 16,9% de los centros de votación, mientras que en el 12,7% se realizó la entrega del bono navideño.
Nuestro estudio halla que en 33,1% de los centros de votación los electores pudieron recibir algún tipo de beneficio, como las bolsas de comida o el bono navideño, bien fuese en el mismo punto tricolor o en algún otro sitio cercano al cetro de votación. En otras palabras, aunque la cantidad de centros de votación, en cuyos alrededores los votantes podían recibir algún tipo de beneficio, en el momento de la votación era sustancial, no fue la mayoría. Según testimonios recogidos durante el estudio, esto refleja el hecho de que el grueso de las actividades de entrega de estos beneficios fue desarrollado más bien en los días previos a la elección, de modo que la entrega de beneficios durante ese día se hizo principalmente con lo que sobró de la campaña.
No encontramos casos en los que el haber votado por el chavismo fuese condicionante del acceso a esos beneficios; de hecho, se consiguieron instancias en las que quienes manifestaban haber votado por la oposición se acercaban de todos modos al punto tricolor a recibir sus beneficios. Tampoco hallamos evidencia de que se solicitase el comprobante de voto a favor del candidato oficialista, a través del mecanismo conocido como “carrusel” [2]. En todo caso, es importante hacer la salvedad de que esto no quiere decir que estas conductas no hayan ocurrido, sino que no sucedieron en una modalidad y frecuencia que permitiese hacerla detectable en nuestra muestra. Tampoco hallamos evidencia de que se le haya requerido a votantes presentar el Carnet de la Patria para ejercer el derecho al voto.
El Carnet de la Patria y la estrategia de movilización oficialista
A pesar de que no encontramos evidencia en nuestra muestra de algunas de las conductas más extremas sobre las que ha circulado información anecdótica, nuestros resultados sí ilustran una difuminación de la línea divisoria entre el gobierno y el partido oficial que es atípica en las democracias modernas y que fuertemente sesga el campo electoral hacia el gobierno.
Lo que nuestro estudio sí refleja es que la estrategia clave de movilización implementada por el Ejecutivo en los puntos tricolor fue el monitoreo de la asistencia de los votantes llevada a cabo a través del Carnet de la Patria. Este hecho es resaltante, ya que las listas de votantes están organizadas por los números de cédulas de los votantes y no contienen información sobre el Carnet de la Patria. Sin embargo, el gobierno se esforzó en hacer que los votantes llevaran su Carnet de la Patria en la fecha de la elección y lo usaran para demostrar que efectivamente habían asistido a votar al momento de registrarse en el punto tricolor.
¿Por qué este énfasis en llevar el Carnet de la Patria a la votación? Si de llevar un registro de votantes se tratara, hubiese bastado con registrar el número de cédula del votante, que en todo caso está necesariamente vinculado a cualquier lista de recepción de beneficios sociales que el gobierno pueda tener.
Hay al menos dos hipótesis sobre por qué el gobierno pidió a sus partidarios que presentaran el Carnet de la Patria, en lugar de solo su número de cédula, en el punto tricolor en el día de la votación:
1. La presentación del Carnet de la Patria es una forma de que el votante tenga presente que está recibiendo beneficios a través de ese instrumento. Esto sirve como un recordatorio de las políticas sociales del gobierno y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de que el elector termine votando por el oficialismo. En cierto sentido, es una forma de hacer propaganda electoral “subliminal” en el día de la votación.
2. La exigencia de presentar el Carnet de la Patria es una forma de sugerir al votante que la recepción de beneficios sociales a través de este instrumento está condicionada al acto de votar y —si es que el votante desconfía del secreto del voto— sobre el acto de votar por el candidato oficialista.
Ciertamente, la idea de que se necesite escanear la tarjeta en un punto progubernamental es, como mínimo, fuertemente sugestiva de que la asignación de los beneficios provistos a través del Carnet serán diferentes para quienes votaron que para aquellos que no lo hicieron. Esta última idea fue incluso alimentada por el propio presidente [3] el día de la elección al sugerir que los votantes podrían ser recompensados con un incentivo monetario solo por acudir a las urnas.
La sola insinuación de que los beneficios sociales están condicionados al acto de votar (aún si no dependen de por quién votas), puede ser una estrategia particularmente poderosa para que el gobierno movilice a sus partidarios. Los electores no necesariamente verán esto como una violación de sus derechos políticos si no creen que se está transgrediendo el secreto del voto. Pero el requerimiento puede proporcionar el suficiente incentivo material para que los votantes que ostentan el Carnet de la Patria —un subgrupo de la población en la que los partidarios del gobierno claramente están sobrerrepresentados— decidan ir a votar por su candidato preferido el día de la elección.
¿Cómo los incentivos pueden afectar a la participación el 22-A?
Es evidente que uno de los principales determinantes de la participación electoral en las elecciones del 22 de abril será la decisión por parte de las principales fuerzas de oposición sobre si participar o no. Pero esa decisión, en parte, partirá de un diagnóstico de la capacidad del chavismo de movilizar votos a través de los mecanismos utilizados en las contiendas del año pasado.
Nuestro análisis deja claro que el gobierno parece tener un mecanismo político efectivo para movilizar a sus partidarios a votar, y puede usar incentivos selectivos como los beneficios monetarios y en especie para estimular la participación. Es además lógico prever que el gobierno tenderá a profundizar aún más esta estrategia con vistas a las elecciones presidenciales, en las cuales el costo de perder las elecciones es mucho mayor que en unas elecciones regionales. Los resultados de nuestro estudio muestran que existe un espacio importante para la intensificación de las actividades desarrolladas en los puntos tricolor: en retrospectiva, puede que terminemos viendo los esfuerzos de movilización de las elecciones regionales de 2017 como apenas un ensayo de los métodos a ser usados en la contienda presidencial.
Sin embargo, hay razones por las que el comportamiento de los votantes podría ser diferente en unas elecciones presidenciales que en unas regionales. En un país presidencialista y centralizado como Venezuela, las cifras de participación electoral han sido particularmente altas en los comicios para elegir al primer mandatario. Es probable que el votante sienta que las elecciones presidenciales son mucho más importantes para determinar el futuro del país que unas elecciones regionales [4]. Claro está que el fenómeno de la abstención también dependerá del deseo por parte de algunos votantes de expresar su repudio a la convocatoria a través de la no participación.
En el caso particular de los comicios regionales, pudo haber sido difícil para la oposición convencer a sus votantes —quienes atribuyen la crisis económica a Maduro— de que los resultados de las elecciones de gobernadores harían alguna diferencia en el futuro del país. De hecho, algunos votantes pueden haberse comportado estratégicamente en las elecciones regionales, prefiriendo a un gobernador chavista que probablemente recibiría más recursos dado que Maduro permanecería en el cargo.
Asimismo, en unas elecciones nacionales en las cuales la conducción del país en el largo plazo está en juego, los incentivos materiales de corto plazo pueden tener mucha menor capacidad movilizadora. No es lo mismo, como votante, considerar el riesgo de pérdida de un beneficio social proporcionado por el gobierno si uno sabe con certeza que el Ejecutivo permanecerá en manos del chavismo (caso elecciones regionales), que si uno cree que el Ejecutivo puede cambiar como resultado de las elecciones (caso elecciones presidenciales).
En su obra seminal de 1997 Mentiras públicas, verdades privadas, Timur Kuran argumentaba que los regímenes autoritarios se podían sostener durante mucho tiempo debido a la creencia por parte de los individuos de que el resto de la sociedad apoya a aquellos que detentan el poder. En estos sistemas, la gente puede vivir una gran mentira colectiva: rechazan privadamente al gobernante, pero públicamente le manifiestan apoyo. La efectividad de los incentivos selectivos para asegurar ese apoyo depende justamente de la creencia por parte de cada individuo de que el resto de la sociedad responde a ellos. A medida de que crezca la convicción en la capacidad de un evento específico —tal como unas elecciones presidenciales— de cambiar el equilibrio de poder, los incentivos selectivos pueden terminan perdiendo su fuerza.
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Francisco Rodríguez es economista jefe de Torino Capital.
Pilar Navarro es economista Senior de Torino Capital.
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Referencias
[1] Artículo 289.- “El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a cualquier coacción o soborno. Los integrantes de la Mesa Electoral requerirán a la electora o elector su cédula de identidad laminada, vigente o no, como único documento válido para el ejercicio del derecho al sufragio”. Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 18 de enero de 2013.
Artículo 126.- “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio”. Ley Orgánica de Procesos Electorales, 31 de julio de 2009.
[2] “El fenómeno empieza con un primer votante que se registra con su Carnet de la Patria en un punto rojo, entra al centro electoral, selecciona la opción de su preferencia en la máquina de votación, pero no deposita el comprobante físico en la caja, sino que lo regresa al mismo Punto Rojo donde dejó su Carnet de la Patria, develando por quién votó”. El “carrusel” del PSUV: estocada final al voto secreto, El Estímulo, 12 de diciembre de 2017.
[3] Maduro asomó que podría dar “un premio” a quienes hayan votado con el carnet de la patria. Caraota Digital, 10 de diciembre de 2017.
[4] Venezuela está caracterizada como uno de los países con mayor porcentaje de variabilidad de asistencia a las urnas en la región. En las últimas elecciones presidenciales, la participación se ubicó en 79,7%, muy por encima del 61,0% observado en las elecciones regionales. Para un estudio de largo plazo sobre la participación electoral en nuestro país, ver Briceño, Héctor (2009) La participación electoral en la cultura del venezolano. Universidad Simón Bolívar.
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