Se le imputaron los delitos de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir. Este último es el más serio y está previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, donde se castiga con 10 años de cárcel.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
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El dirigente de Voluntad popular Leopoldo López pasará los próximos 45 días en la cárcel de Ramo Verde (Los Teques), mientras el Ministerio Público lo investiga y decide si lo acusa por la presunta planificación de los incidentes violentos ocurridos tras la manifestación opositora del pasado 12 de febrero en el centro de Caracas.
La decisión la adoptó la jueza 16 de Control de Caracas, Ralenis Tovar Guillén, en la madrugada de hoy al concluir la inusual audiencia de presentación que se inició a eso de las diez de la noche en la prisión militar, hasta donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió un Tribunal Móvil (autobús acondicionado para fungir de juzgado) para celebrar el acto con el fin de "proteger la vida e integridad del imputado", según decidió en la tarde la funcionaria. La audiencia se inició casi doce horas después de que lo originalmente previsto y terminó concluyendo pasada la medianoche.
Al exalcalde de Chacao la Fiscalía le imputó los delitos de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir. Este último es el más serio y está previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, donde se castiga con 10 años de cárcel.
La representación del Ministerio Público desechó la posibilidad de procesar a López por los homicidios de Juan Montoya, Basil Da Acosta y Roberto Redman, por las lesiones graves que sufrieron decenas más, intimidación pública, daños a la propiedad pública y terrorismo, delitos que figuraban en la orden de captura que en la noche del miércoles acordó la propia jueza Tovar.
Desestimados
En saco roto cayeron las objeciones que el abogado Juan Carlos Gutiérrez formuló sobre la decisión de la jueza Tovar de trasladar al Tribunal hasta la prisión, en lugar de celebrar el acto en el Palacio de Justicia, tal y como estaba previsto.
"En este momento el Palacio de Justicia es el lugar más seguro y protegido de toda Venezuela, no hay otro sitio que esté mejor custodiado y que ofrezca mejores condiciones de seguridad que este", declaró el penalista en horas de la tarde, en clara alusión al despliegue de decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la sede judicial.
La jueza desestimó los señalamientos de Gutiérrez de que su decisión violaba disposiciones constitucionales y legales como las del debido proceso y el juez natural.
El reforzamiento de la seguridad del Palacio de Justicia se produjo ante el hecho de que de que simpatizantes de López se congregaron ante el recinto para respaldarlo. No obstante, pasado el mediodía el grueso de los manifestantes se habían retirado del lugar ante las versiones que aseguraban que el acto se retrasaría hasta la tarde o noche e incluso de que se pospondría o se realizaría en la prisión, tal y como terminó ocurriendo.
La concentración se desarrolló en paz, pese a que desde el Palacio de Justicia par de funcionarios provocaron a quienes estaban en la calle un muñeco del fallecido presidente Hugo Chávez, así como franelas y gorras alusiva al anterior mandatario y hasta un papel que decía: "¡Viva Chávez!".
El que la audiencia no se haya celebrado en la sede judicial es la segunda anomalía que se presenta en este proceso. El miércoles horas después de que López se entregara propios y extraños fueron sorprendidos al saber que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo acompañó a llevarlo ante la jueza Tovar, función reservada para los fiscales, policías o alguaciles. Hecho que quedó registrado en una imagen que circuló por las redes sociales.
Sin embargo, esta no es la primera en las últimas que una audiencia se da en un sitio distinto a un Tribunal. Hace diez días la decisión de enviar a cuatro manifestantes detenidos en el Táchira señalados de atacar la sede del gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, se adoptó en las instalaciones del Comando Regional Número 1.
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