La Casa Blanca mantiene prohibida la entrada a territorio estadounidense del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como él mismo revelara este miércoles, pero la revocación de su visado es de hace más de una década y no reciente, pues toma en cuenta su participación en la intentona de golpe de Estado de 1992.
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS | EL UNIVERSAL
El Gobierno de Estados Unidos tiene en su "Lista de Narcotraficantes Activos" sancionados a nueve altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo, que a pesar de las denuncias en su contra mantienen posiciones dentro del alto gobierno.
A su vez la Casa Blanca mantiene prohibida la entrada a territorio estadounidense del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como él mismo revelara este miércoles, pero la revocación de su visado es de hace más de una década y no reciente, pues toma en cuenta su participación en la intentona de golpe de Estado de 1992. Como Cabello, aún hay militares que actuaron en esos hechos y cuya entrada a EEUU está vetada.
En agosto de 2013 el Departamento del Tesoro de EEUU designó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez como "un capo de la droga" con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
Con Villarroel Ramírez ya son cinco los militares venezolanos, retirados o activos, que EEUU sancionó por nexos con droga. También se incluye a un agente del Sebin, a un diplomático, y a políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que son diputados o que llegaron a ser gobernadores.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, es la que elabora "Lista de Ciudadanos Especialmente Designados" (SDN). Tomó notoriedad cuando en 2008 la OFAC incluyó -y por primera vez en su historia-, a altos funcionarios venezolanos en su "lista negra" por cooperación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En ese entonces el capitán de navío (r) Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, actual gobernador de Guárico; el general Hugo Carvajal, director de Inteligencia Militar; y el jefe del CEO de las Fuerzas Armadas, general Henry Rangel Silva (actual gobernador de Trujillo), fueron sancionados por asistir a la guerrilla de las FARC y a carteles de droga.
Desde 2008 hasta este jueves la lista OFAC ha dado un salto preocupante porque a diferencia de otros países de la región, Venezuela es el único donde en un período de cuatro años personalidades con conexión directa al Ejecutivo son vinculados con drogas y terrorismo.
Hasta el 10 de abril de 2012 había en la lista de la OFAC 258 referencias a "Venezuela", que incluye a empresas, entidades y personas con vínculos con dinero del narco o el terrorismo. Hasta el jueves 8 de marzo la lista reportaba 317, o sea 59 más.
En esta relación, en 2011, el Tesoro sancionó a Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano; al general del Ejército Cliver Alcalá Cordones; al diputado Freddy Bernal y al funcionario del Sebin Ramón Madriz, por asistir a las FARC y a narcotraficantes.
El 18 de junio de 2008, la OFAC señaló a dos colaboradores de la organización terrorista Hezbolá, radicados en Venezuela: al diplomático venezolano Ghazi Nasr Aldin y la ciudadano libanés Fawzi Kan'an.
Nasr Aldin era encargado de negocios de la embajada venezolana en Damasco, pero ahora es director de Aspectos Políticos en la embajada de Venezuela en Líbano.
La designación de estas personas está acompañada del congelamiento de los bienes que puedan poseer en Estados Unidos, y prohíbe a entes estadounidenses realizar transacciones con los designados o sus propiedades. Washington no revela qué se les embarga y la cantidad de posesiones.
Los senadores demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson y el republicano Marco Rubio presentaron el 13 de marzo un proyecto de ley para que EEUU imponga sanciones a funcionarios o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela ante los episodios de violencia que vive el país desde el 12 de febrero.
En este sentido, el jueves 8 de mayo Rubio recomendó sancionar a 23 personas vinculadas al Gobierno venezolano, entre ellos, la fiscal General Luisa Ortega, la defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, el ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, y de nuevo a Rangel Silva.
frlopez@eluniversal.com
@franchuterias
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